El gobernador se reunió con el Procurador General de Nación, para “solicitar» designaciones. El oficialismo provincial pretende gente de confianza en un área clave, tras haber sido señalado por vínculos con el narcotráfico durante el juicio por el crimen de Monges.
El gobernador Gustavo Sáenz requirió al procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, la designación urgente de más fiscales federales para la provincia de Salta. Si bien la gestión se informó oficialmente como tal, es claro que incurre en un grosero error, ya que es necesaria la creación de cargos y para ello se requiere la aprobación de una ley por parte del Congreso.
El mandatario provincial fue a Buenos Aires a plantear “la necesidad de fortalecer la planta de fiscales, ante la cantidad de casos, procedimientos y audiencias surgidas desde la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción sumado al Plan Güemes y la ubicación geográfica de Salta y sus límites internacionales”.
Según se informó, Sáenz planteó que refuerzo de fiscales se puede realizar tanto por vía legislativa como por designación a través de la Procuración General de la Nación y en virtud de que la asignación por parte del Congreso toma su tiempo, es fundamental avanzar con la otra alternativa, con la designación de fiscales interinos.
Sobre esta petición, es importante aclarar que la facultad del Procurador nacional solo prevé la designación de auxiliares fiscales por vías administrativas y su función es la de coadyuvar con la función de los fiscales titulares.
Actualmente en la Provincia de Salta se encuentran en funciones siete fiscales (5 en Salta, 1 en Orán y 1 en Tartagal), de los cuales solo 3 son fiscales titulares, de ellos los fiscales de Orán, Tartagal y dos de la Unidad Fiscal Salta son subrogantes.
El atajo administrativo
Quedando claro que las facultades del Procurador General sólo llegan hasta la designación de auxiliares fiscales, el problema se resuelve con la creación de cargos de fiscales federales, lo cual sólo es posibles con la sanción de una ley.
Promovida una ley para la creación de cargos titulares, como lo hizo Rosario de Santa Fe, que tiene en común con Salta el avance de la narcocriminalidad, es necesaria la aprobación de los pliegos por parte del Senado de la Nación.
En consecuencia, es posible que Sáenz quiera evitar la sanción de una ley por su escasa incidencia en el Congreso (sólo cuenta con tres diputados nacionales y no tiene presencia en el Senado).
A esto hay que sumarle que, en la Cámara Alta nacional, la aprobación de los pliegos tiene el paso previo por la estratégica comisión de Acuerdos, que preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) e integra el salteño Juan Carlos Romero.
Precisamente Romero, viejo zorro del Senado, fue señalado en el año 2012 como el autor intelectual del freno a la designación de Julio Leonardo Bavio como juez federal de Salta, por lo que durante un tiempo más se desempeñó como subrogante. Años después, con el senador Rodolfo Urtubey como presidente de la comisión de Acuerdos, Bavio obtuvo la designación.
En este marco, con fiscales auxiliares, el saencismo busca tener presencia en el fuero federal.
Fuente: Opinorte