Como viene sucediendo desde que los Liberales ganaron las elecciones nacionales, hubo otro enfrentamiento en la Cámara de Diputados de Salta.
Esta ocasión fue para ampliar la prohibición de desalojos de familias campesinas, ya sean criollas u originarias. El partido oficialista provincial impulsó la ley, mientras que la oposición la rechazó. Finalmente, prevaleció la mayoría y finalmente se aprobó la prórroga del artículo 9 de la Ley 7658, que creó el Programa de Regularización y Asistencia a la Propiedad de los Pequeños Productores Agropecuarios y Hogares Rurales hasta el 31 de diciembre de 2024.
Esto significa que los pequeños productores agropecuarios y hogares rurales tendrán más tiempo para regularizar y recibir asistencia en relación a la propiedad de sus tierras. El programa busca brindar apoyo a estas personas para que puedan acceder a créditos y garantizar la seguridad jurídica de sus propiedades.
Las disposiciones ampliadas prohíben la aplicación de medidas penales, preventivas y otras medidas judiciales destinadas a desalojar, ocupar o cambiar la situación de la tierra de familias rurales y pequeños productores agrícolas.
La iniciativa venía con la aprobación del Senado, por lo que fue girada al gobierno provincial para su promulgación. La encargada de presentarla fue Socorro Villamayor del bloque (Salta Tiene Futuro).
Griselda Galleguillos compañera de bloque «Es dudoso que todas las personas que se identifican como indígenas sean verdaderas, y mostró una falta de conocimiento notable sobre el pueblo campesino»
«¿Quiénes son los pequeños productores, cuántos son, en qué condiciones están, a qué se dedican en esas tierras?», cuestionó antes de considerar la prórroga como «una ridiculez».
«Esto es inconstitucional», retrucó Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular). Aseguró que con esta ley se quitan derechos a unas personas, que se elimina la igualdad ante la ley.