Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló que, a lo largo del país, municipios de distintas provincias extrajeron grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación económica, mientras que en paralelo ingresaban fondos a cuentas privadas de empleados públicos, quienes en muchos casos utilizaron esos depósitos para comprar dólar MEP.
El presunto esquema de corrupción, detectado gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos y entidades financieras, expone una posible malversación de fondos municipales por al menos $45.000 millones en los últimos dos años y medio.
Se corroboró con fuentes de entidades bancarias que entre junio y julio de 2024 bancos de primera línea y entidades financieras fueron impuestas de la novedad: se les advertía sobre estas maniobras sospechosas que se realizaban por ventanilla de las entidades, sobre todo en distritos de Tucumán, Salta y Catamarca. La investigación preliminar revelaba que, por un lado, salían los de esos municipios “importantes sumas de dinero” aparentemente sin justificar y, por el otro, esos mismos millones de pesos eran depositadas a las cuentas privadas de los empleados municipales -no tenían esa capacidad de ahorro- quienes, en muchos casos, terminaban comprando dólar MEP.
Movimientos millonarios sin justificación
El documento de la UIF que ya circula en despachos de la Casa Rosada destaca las siguientes maniobras:
- Extracciones en efectivo por importes muy significativos desde cuentas municipales.
- Depósitos en cuentas personales de empleados públicos de las mismas localidades. Esas personas no tenían capacidad de ahorro ni justificar el origen del dinero.
- Compra de dólar MEP con esos fondos y posterior retiro en efectivo.
Además, el informe indica que la frecuencia de estas extracciones se incrementó en los meses previos a las elecciones nacionales y provinciales de 2023, lo que refuerza la hipótesis de un presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.
Luego de ser alertada por las autoridades del Banco Macro y otros bancos provinciales, la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un desfalco multimillonario por al menos 45.000 millones de pesos y que involucra a los gobiernos de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saenz (Salta). Un nuevo fraude sacude el escenario político y golpea de lleno sobre los gobernadores peronistas más cercanos a Javier Milei.