«El gobierno de Sáenz está pavimentando el camino para la impunidad ambiental, transformando a Salta en tierra arrasada por el agronegocio«, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Y agregó: «Esto no solo viola la Ley Nacional de Bosques, sino que se burla de los compromisos de Deforestación Cero que Argentina asumió para el 2030. Sáenz y sus legisladores están haciendo todo lo contrario a lo que exige la crisis climática.»
La propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) está diseñada para beneficiar a los intereses económicos de unos pocos, y no a la biodiversidad ni a las comunidades indígenas y campesinas que dependen del monte. Entre las aberraciones que incluye el proyecto, Greenpeace denunció:
- Legalización de desmontes ilegales realizados hasta ahora, sin ninguna obligación de restaurarlos.
- Permiso para desmontar en áreas protegidas actualmente bajo Categoría Amarilla y Roja.
- Fragmentación del hábitat de especies en peligro, como el yaguareté, un emblema de la región.
- Exclusión de las comunidades indígenas del proceso, en clara violación de derechos constitucionales.
- La creación de una absurda “Categoría Amarilla con un círculo verde”, que, en palabras de Greenpeace, no es más que una excusa para seguir deforestando zonas donde hoy no está permitido.
«Este plan es una burla descarada. Transforman las categorías de protección en una trampa para permitir más desmontes. Salta está al borde del colapso ambiental por decisiones políticas que solo favorecen a los poderosos del agro», subrayó Cruz.
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007, Salta ha sido una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país. Según cifras oficiales, ya se han desmontado 714.052 hectáreas, gran parte de ellas de forma ilegal. Este proyecto no solo legaliza esos delitos ambientales, sino que habilita arrasar con más hectáreas, profundizando el daño irreversible al ecosistema.
Greenpeace no solo rechazó de forma contundente este proyecto, sino que advirtió sobre las consecuencias devastadoras que tendrá: «De aprobarse este ordenamiento territorial, será una catástrofe ambiental, un retroceso ilegal e inadmisible. No nos quedaremos de brazos cruzados: llevaremos este atropello a la Corte Suprema de Justicia para detenerlo«, declaró Cruz.