El Gobierno anunció que el presidente Javier Milei vetará la ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Senado el 12 de septiembre. Lo hizo a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que se publicó tras la finalización de la segunda Marcha Federal Universitaria.
«La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal», detalló el documento.
Minutos después de las 21 del miércoles, el mandatario apuntó contra la oposición: «Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto 2025″.
Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios
Durante el escrito, Milei insistió con su intención de cumplir el «déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica». Además, fue irónico con la presencia de dirigentes de diferentes partidos políticos: «El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente».
A partir de esta decisión del Poder Ejecutivo, el Congreso tendrá la posibilidad de desestimar la postura del Presidente o apoyarla, como ocurrió con la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuando el Senado y la Cámara de Diputados acompañaron el veto.
El anuncio de la Oficina del Presidente en redes sociales
La Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso
La Ley de Financiamiento Universitario obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades y fijaba que cada dos meses, el Gobierno debía ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.
Además, establecía que el Poder Ejecutivo debía a actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el índice general de precios al consumidor informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).
De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los $441.600 millones.