El rechazo se formalizó a través del Decreto 782/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y todo su Gabinete. La norma «observa en su totalidad» al proyecto de ley y lo devuelve al Parlamento.
De esta manera el mandatario cumplió con la promesa que hizo en junio cuando la iniciativa tuvo media sanción y dejó sin efecto el aumento del 8,1% a las jubilaciones desde abril, las actualizaciones mensuales en base a la inflación, el aumento anual del 50% de la variación de la RIPTE por sobre la variación del IPC del año anterior, entre otros puntos que mejoran la situación de los jubilados.
El texto, más cercano a un panfleto que a un instrumento legal y técnico, recuerda que «en lo que constituyó un hecho histórico, el 9 de julio de 2024, los gobernadores de 17 provincias de nuestra Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Presidente de la Nación firmaron en la ciudad de Tucumán, el ‘Pacto de Mayo’, el cual establece como segundo principio el ‘equilibrio fiscal innegociable’«.
«Cuando se le da la espalda al equilibrio fiscal y al cuidado de las cuentas públicas, los resultados son por demás conocidos y quienes más sufren son los que menos tienen», insiste el decreto.
En cuanto a los ingresos de los jubilados, destaca que «las jubilaciones medidas en dólares estadounidenses han tenido, desde la finalización de la anterior gestión a la actualidad, un aumento de aproximadamente un 70%», sin tener en cuenta la licuación de salarios que ocasionó el aumento del costo de vida medido en dólares.
«Es fundamental continuar con la movilidad jubilatoria establecida en el Decreto N° 274/24, toda vez que el mismo garantiza -por primera vez en décadas- que los jubilados nunca más perderán contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años; y ello sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el corto, mediano o largo plazo», asegura Milei en el decreto, obviando la pérdida de poder adquisitivo intrínseca a la nueva fórmula, que salteó la inflación de diciembre 2023 (25,5%) y enero 2024 (20,6%).
El decreto indica que la aplicación de la ley «implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente $6.160.000.000.000 para el año 2024», que se elevaría a «$15.430.000.000.000 para el año 2025».
Asimismo, señala que dichos importes «equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante». Y añade que las cifras tornarían «imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional».
A su vez remarca que dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso «dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina» e implicaría «obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos».