La medida convierte a la capital salteña en una de las primeras ciudades del norte argentino en integrar legalmente estos servicios al sistema de movilidad urbana, aunque también desató protestas del sector tradicional de taxis y fuertes cuestionamientos a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) por parte de algunos concejales.
La nueva normativa establece un marco regulatorio para que las aplicaciones operen legalmente, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos específicos.
Entre ellos, la obligatoriedad de contar con una oficina física en la ciudad, soporte al usuario, botón de pánico vinculado al 911, y la posibilidad de compartir ubicación en tiempo real. Los vehículos deberán tener una antigüedad máxima de 15 años para autos y 10 para motos, además de pasar revisiones técnicas y contar con seguro vigente.
Los conductores deberán residir en Salta, no tener antecedentes penales graves y obtener una licencia profesional en un plazo de dos años.
Además, la ordenanza permite que taxis y remises tradicionales puedan incorporarse a las plataformas digitales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Todos los viajes deberán realizarse exclusivamente a través de la app, quedando prohibido levantar pasajeros en la vía pública sin previa solicitud digital.
El proyecto, impulsado originalmente por el concejal Gonzalo Nieva en noviembre de 2023, no incluye tasas adicionales para los usuarios de plataformas, y deberá ser reglamentado por el Ejecutivo municipal en un plazo de 30 días, con la definición del organismo que controlará su implementación.
Críticas a la AMT
Durante el debate, la concejal Agustina Álvarez respaldó la regulación de las plataformas, pero criticó con dureza el funcionamiento de la AMT y la falta de coherencia normativa entre los distintos niveles del Estado. “Hoy convivimos con marcos regulatorios provinciales, municipales y de la AMT que generan desigualdad entre taxistas y conductores de plataformas”, advirtió la concejal.
En ese sentido, presentó un proyecto para permitir que todos los vehículos habilitados -incluidos taxis y remises- puedan trabajar hasta los 15 años de antigüedad, como ya se permite para los autos de las apps.
La concejal aclaró que el proyecto de modernización “no fue impulsado por el Ejecutivo municipal” y que el foco del debate debe estar puesto en garantizar competencia, equidad y calidad en el servicio, sin perjudicar a los trabajadores.
Tensión en las calles y rechazo
Mientras se desarrollaba la sesión, integrantes del sector de taxis y remises se manifestaron frente al Concejo Deliberante para rechazar la medida.
Patricia Lang, presidenta de la Asociación Civil Taxis Unidos de Salta, denunció represión policial durante la protesta y afirmó que al menos un chofer fue detenido. También relató que un manifestante resultó herido por un golpe en la cabeza. También cuestionó al intendente por no haber abierto instancias de diálogo previo.